He aquí uno de los modelos presentados...

AL ILMO. SR. ALCALDE DE VALLADOLID

D/Dª _________________________________________________________, titular del Documento Nacional de Identidad número _________________ en nombre y representación de __________________________________________
______________________________________, y con domicilio para los efectos en ____________________________________________________________, ante el Ilmo. Señor Alcalde de Valladolid comparece y DICE:

Que con fecha 21 de Enero de 2004 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación inicial de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES.

Que dentro del plazo conferido por medio del presente escrito y en base al contenido del artículo 49 letra b de la Ley 7/1995 de 2 de Abril reguladora de las Bases del Régimen Local vengo a efectuar las siguientes

A L E G A C I O N E S

PRIMERA: A TODA LA ORDENANZA.

A) La Constitución Española de 1978 establece, conforme a lo dispuesto en sus artículos 53 y 81, que sólo por Ley Orgánica podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades recogidos en su Capítulo II del Título I . En este sentido, la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales (en adelante “la Ordenanza”) vulnera dicho precepto constitucional al establecer normas reguladoras del ejercicio de los citados derechos y libertades. Así:

- En el artículo 6 se establece una prohibición, genérica y muy ambigua, de pintadas, escritos, inscripciones y grafismos, así como una necesidad de autorización municipal y una posibilidad de que los agentes de la Autoridad puedan impedir la consumación de dichos actos. Todos estos aspectos limitan, y por tanto regulan, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; ejercicio que, como hemos visto, ha de ser regulado exclusivamente por Ley Orgánica; es más, la exigencia de autorización municipal podría suponer una censura previa prohibida expresamente en el punto 2 del citado artículo 20.
- En esta misma limitación y regulación de la libertad de expresión inciden también los artículos 7 y 8 de la Ordenanza. Esta limitación coercitiva supone de hecho un ejercicio perverso de los preceptos constitucionales, muy en concreto del artículo 9 de la citada Norma Magna, ya que ni promueve las condiciones para que la libertad y la igualdad de individuos y de grupos sean reales y efectivas ni remueve los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio, sino todo lo contrario. El ejercicio de la libertad de expresión requiere no sólo la posibilidad de expresar las ideas libremente, sino también la de que estas puedan ser difundidas y recibidas también libremente; en una sociedad donde es necesario emplear grandes recursos económicos para acceder a los medios de comunicación privados y donde los medios de comunicación públicos difícilmente dan cabida a las opiniones críticas, poner trabas al ejercicio de la libertad de expresión por medios más asequibles y al alcance de todos los ciudadanos y grupos constituye prácticamente la supresión del derecho a la libertad de expresión para todo aquel que no pueda pagársela.
- El artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. La regulación del ejercicio de este derecho ya se hace en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, así como en varios artículos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. No tiene sentido pues, y es nulo de pleno derecho, imponer nuevas normas que limiten ese ejercicio en una normativa de rango muy inferior como es la Ordenanza; sin embargo, ésta las establece, también de forma vaga e imprecisa, en sus artículos 16, 19 y 20, así como especialmente a la hora de señalar posibles incumplimientos como infracciones: artículo 23 a), c) y h), artículo 24 a), b) e i), sin olvidar la genérica del artículo 25 y otras sobre responsabilidades. Dispone expresamente además el artículo 21 de la Constitución Española que el ejercicio de este derecho de reunión no necesita autorización previa, lo que pone especialmente en cuestión la posible exigencia de fianza prevista en el artículo 20.2 de la Ordenanza: ¿prohibiría el acto público el Ayuntamiento de no pagarse esa fianza?.

B) Los artículos reseñados y otros inciden también negativamente en otros aspectos constitucionales, ya que pueden limitar muy especialmente el ejercicio de las funciones que les son propias a todo tipo de organizaciones sociales, a fundaciones, a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales cuya función social viene expresamente recogida en los artículos 6 y 7 de la Constitución Española, y a otras asociaciones de interés público. Son múltiples las normas jurídicas y las sentencias que las interpretan que regulan y protegen estos derechos, por lo que sería prolijo reseñarlas. En todo caso, la Ordenanza limita y regula sus derechos a la libertad de expresión y de reunión sin tener en cuenta en ningún momento la clara utilidad pública y social de este tipo de organizaciones.

C) La ya citada varias veces ambigüedad e imprecisión de múltiples párrafos de la Ordenanza contradice también el artículo 9.3 de la Constitución Española que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esta interdicción o prohibición no sólo pretende la sanción de posibles comportamientos arbitrarios de los poderes públicos, sino también la prevención de los mismos mediante normas precisas que delimiten muy claramente el marco de la actuación de estos poderes públicos. Por eso, toda imprecisión o ambigüedad recogida en una norma es caldo de cultivo para esa posible actuación arbitraria que luego es penosa y en ocasiones gravosa de reparar por parte del usuario público. La Ordenanza abunda en cuestiones ambiguas o, cuando menos, poco claras:
- ¿Qué se entiende por uso de los bienes y servicios públicos conforme a su destino?.
- ¿Qué se entiende por murales artísticos? ¿Quién juzga lo que es arte y lo que no lo es?.
- ¿Cuáles son los lugares autorizados para colocar propaganda o publicidad? ¿Cuáles y en función de qué los desautorizados?.
- ¿Qué es usar indebidamente las praderas?.
- La Ordenanza no indica los límites del ruido doméstico que exige la tranquilidad pública.
- ¿Qué olores alteran la normal convivencia? ¿Qué es normal convivencia?.
- ¿Cuál es la medida de la elevada potencia de los aparatos de radio de los vehículos?. ¿Afecta esta norma a las caravanas electorales publicitarias?.
- ¿Qué son actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de los locales? ¿Pueden realmente, como propone la Ordenanza, discernir sobre esta cuestión los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia?.
- ¿Qué es perturbar la convivencia ciudadana al margen de las conductas ya especificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana?.
- ¿Sancionará el Ayuntamiento la obstaculización del funcionamiento de los servicios públicos o del normal tránsito peatonal o de vehículos si se hace al amparo de derechos constitucionales como el de reunión, manifestación o huelga?. La Ordenanza no dice que no.
- ¿Qué es dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos?.
Todas estas cuestiones y algunas más evidencian la general ambigüedad de la Ordenanza. La claridad de las normas es un principio general del Derecho que esta Ordenanza no respeta mínimamente.

D) La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 139, legitima al Ayuntamiento para actuar en el ámbito estrictamente público (servicios, equipamientos, infraestructuras, etc.) pero no para actuar en el ámbito privado y la presente Ordenanza pasa a regular, no solamente las actuaciones perturbadoras y sus sanciones en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, cosa para lo cual entendemos que el Ayuntamiento no se encuentra legitimado:
- El artículo 2 y derivados sobre el ámbito de aplicación referido a elementos de titularidad privada.
- El artículo 5 y derivados en cuanto prohíbe cualquier actuación sobre los bienes protegidos por la Ordenanza, dentro de los cuáles están los bienes privados.

E) Por otra parte, la Constitución Española establece una atribución genérica de competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.1.29), por lo que no cabe normativa municipal, por falta de legitimidad competencial, como la establecida en los artículos 23 a), c), h) e i) y 24 a), b) e i).
También tiene el Estado competencia exclusiva sobre el Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos (artículo 149.1.26 de la Constitución Española) y ya hay abundante legislación estatal al respecto. La utilización de petardos, mechas, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos forma parte de lo dispuesto en esta legislación específica, por lo que lo dispuesto al respecto en la Ordenanza carece también de legitimidad competencial.

F) El Capítulo IV – Régimen sancionador – de la Ordenanza obvia en algunos de sus apartados el principio general de tipicidad de las acciones sancionables. La referencia más grave es el apartado a), tanto de los artículos 23 como 24, que se refiere a conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana y, sin embargo, ni estos artículos ni otros de la Ordenanza especifican cuales son esas conductas.

G) Por último, otro principio general del Derecho recogido en múltiples normas sancionadoras, incluso en el Código Penal en su artículo 52, es que las sanciones han de establecerse en proporción al daño causado o, en todo caso, susceptible de ser causado. Se hace difícil imaginar que determinadas conductas que la Ordenanza sanciona tenga el costo económico y social que se le pretende imponer. La Ordenanza exhibe aquí un inaudito e inédito afán recaudatorio, a la par que un elemento coercitivo excesivamente riguroso.

Por todo lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga por presentadas Alegaciones respecto de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales y basándose en el contenido del presente escrito acuerde la retirada completa de la misma o, subsidiariamente, la retirada o modificación de los preceptos criticados de acuerdo con las alegaciones presentadas.

En Valladolid, a 20 de febrero de 2004

Fdo.: _______________