La noche del pasado 13 de marzo, varias decenas de ciudadanos y ciudadanas, sin que mediara ningún tipo de convocatoria pública y expresa, de ninguna persona, entidad o partido político, se concentraron (como otros miles de españoles en distintas ciudades del país) frente a la sede del Partido Popular en Cáceres, para manifestar su indignación por la manipulación informativa de la que estaban siendo objeto los ciudadanos españoles por parte del gobierno de nuestra nación, y para exigir que se hicieran públicos, antes de la Jornada Electoral, todos los datos que se conocían hasta ese momento sobre los probables responsables de los atentados del 11 de marzo. Esta concentración pacífica ha sido denunciada por el Partido Popular como un “delito electoral”, siguiéndose en un Juzgado de Cáceres un procedimiento penal en el que han sido a llamar como imputados cerca de una veintena de quienes allí se concentraron.
Ante esta situación, manifestamos:
1) Que los ciudadanos y ciudadanas allí concentrados estaban ejerciendo su derecho a “expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra y el escrito”, “a recibir información veraz” y a “reunirse pacíficamente”. Estos derechos están garantizados por nuestra Constitución en sus artículos 20 y 21, los cuales seguían vigentes en la jornada de reflexión.
2) Que en ningún caso se cometió ningún tipo de delito electoral, pues la finalidad de los que allí se concentraron no era la de realizar ningún acto de propaganda electoral, ni la de impedir o forzar el voto de nadie en cualquier sentido político, sino la de exigir al gobierno que facilitara a la ciudadanía toda la información de que disponía en esos momentos para poder ejercer el derecho al voto y a la participación en los asuntos públicos (artículo 23 de nuestra Constitución) con plenas garantías.
3) Que, por otra parte, la política de ocultación de datos y tergiversaciones que mantuvo el Gobierno de nuestra nación en plena jornada de reflexión, una vez finalizada la campaña electoral, y hasta la misma jornada electoral, sí supuso una clara infracción de la normativa electoral, pues pretendía mediante la manipulación de las informaciones de que disponía inclinar y orientar el voto de los ciudadanos hacia el partido que sostenía el Gobierno, es decir, el Partido Popular.
4) Que la denuncia interpuesta por el Partido Popular tiene una clara finalidad política, que es la de intimidar a los ciudadanos mediante el abuso de poder, e impedir el ejercicio del derecho, garantizado por nuestra Constitución, a manifestar el desacuerdo y oposición a la política o decisiones tomadas por el, en su momento, partido gobernante, el Partido Popular.